martes, 2 de marzo de 2010

IU envía al Gobierno sus ‘100 propuestas’ contra la crisis económica que incluyen un plan para crear 1,1 millones de empleos

Cayo Lara y José Antonio García Rubio presentan el documento que servirá de base para las negociaciones en el Ejecutivo “para demostrar que existe una salida social a la crisis en vez de aplicar recortes a los derechos” El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, presentó hoy en el Congreso y envió al Gobierno las ‘100 propuestas’ que aporta esta formación a la negociación de un acuerdo para hacer frente a la crisis económica, que incluyen un Plan dotado con 11.800 millones de euros para crear 1,1 millones de empleos en 2010. En rueda de prensa, tanto Lara como el secretario de Economía y Trabajo, José Antonio García Rubio, explicaron que estas medidas no contribuirían a elevar el déficit, ya que generarían un retorno en impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social con los nuevos empleos de “al menos 8.630 millones de euros”. Además, la aportación concreta de las comunidades autónomas –cifrada en 1.800 millones- se financiaría a través de la recuperación del Impuesto sobre el Patrimonio que decidió eliminar el Ejecutivo socialista. Este Plan de empleo de Izquierda Unida contempla crear un nuevo ‘Programa de Empleo y Formación’ dotado con 4.500 millones, al que se añadirían los 1.500 que suponen ya las ayudas de los 420 euros a los parados que han agotado sus prestaciones. Contempla 35 horas de ocupación semanales (25 de trabajo y 10 de formación) con un salario de 700 euros mensuales para “tareas complementarias a las actividades municipales y ayuda de proximidad a personas y colectivos”, sin que en ningún caso se puedan sustituir puestos de trabajo estructurales dedicados ya a ello. Un segundo apartado dentro de este mismo plan global, con la previsión de creación de 700.000 empleos, va dirigido a la Subvención a la Rehabilitación de Viviendas. Estaría dotado con 5.000 millones de euros y, en todo caso, el retorno en ingresos para las distintas administraciones sería superior a esta cifra vía IVA, cotizaciones a la Seguridad Social y licencias municipales. También, frente a la intención del Ejecutivo socialista de recortar la oferta de empleo público a través de una tasa de reposición de funcionarios del 10%, Izquierda Unida plantea crear 10.000 empleos públicos para destinos específicos como la Agencia Tributaria, Inspección de Trabajo, Servicio Público de Empleo, Instituto de Crédito Oficial (ICO) y servicios sociales y de interés económico. Se persigue también fomentar el empleo en las comunidades autónomas, sobre todo en educación infantil, personal asistencial para aplicar la Ley de Dependencia, personal sanitario y de servicios sociales. García Rubio mostró su “extrañeza” por el hecho de que ante los más de cuatro millones de parados existente “el Gobierno no haya propuesto hasta ahora en esta fase negociadora medidas de creación directa de empleo”. Tal y como explicó Cayo Lara, el objetivo es que el Gobierno tenga en cuenta estas aportaciones e incluya el mayor número posible en el documento que el Ejecutivo, a través de su comisión negociadora liderada por Elena Salgado, entregará a los partidos el próximo lunes. Estas ‘100 propuestas’ serán también la base de trabajo para la comisión de IU que, encabezada por Lara, se reunirá de forma bilateral el próximo jueves con el grupo negociador del Ejecutivo. “Confiamos –dijo- en que para entonces el Gobierno demuestre que quiere un acuerdo por la izquierda. Ese será el momento en que se vea la voluntad del Gobierno de pactar con la izquierda o con la derecha que representan PP, CiU y PNV. En ese último ‘baile’ no vamos a entrar”. Tanto Cayo Lara como García Rubio rechazaron de plano la idea de reducir el empleo y las empresas públicas avanzadas horas antes por la vicepresidenta económica ya que “nos puede conducir una vez más a la privatización de los servicios públicos”. Los dirigentes de IU mostraron su intención de que se puedan limitar los salarios más altos en el conjunto de las Administraciones Públicas y de sus organismos, fundaciones y empresas vinculadas. También se contempla modificar la Ley de Contratos del Estado para “limitar y regular de forma estricta” las revisiones de precios al alza en los contratos. Estas medidas dirigidas al sector público incluyen, según Lara, “que no queremos que haya ningún sueldo en la Administración Pública superior al del presidente del Gobierno”. Dentro del documento de las ‘100 propuestas’ se aboga también de forma decidida por fomentar la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida que, según diversas fuentes, se situaría entre el 18 y el 25 % del PIB. “Una disminución de esta lacra, hacia el entorno de la media europea del 12%, representaría una recaudación fiscal aproximada de unos cuatro puntos de PIB”, señala el trabajo de IU. Asimismo, plantea que las 1.400 personas que controlan actualmente el 80% del PIB de España, según datos de ATTAC, “arrimen el hombro” a través de una reforma fiscal progresiva que eleve en cinco puntos el Impuesto de Sociedades de las entidades financieras y una imposición “extraordinaria” del 50% mientras dure la crisis -hasta que el paro no vuelva al nivel del 1 de enero de 2008- sobre los bonos, primas y cualquier retribución extrasalarial de los directivos de la banca. Izquierda Unida plantea “acabar también –en palabras de Lara- con la injusta subida general de tipos del IVA” que entrará en vigor en el segundo semestre. Se plantea establecer un tipo de IVA especial sobre bienes de consumo de lujo, joyas, aviones, barcos privados o prendas de piel del 25%. Entre las propuestas, además de medidas muy concretas de apoyo a las pymes y a los autónomos, sobre todo para mejorar el acceso a créditos y su liquidez, se plantea también la adquisición de 100.000 viviendas a precio de coste para constituir un Parque Público de Viviendas en Alquiler moderado, que no deberá ser superior al 30% de los ingresos de los inquilinos. Desde IU se quiere hablar también en estos contactos con el Gobierno de la reforma laboral, a pesar de que los acuerdos se deban tomar en el marco de la Mesa de Diálogo Social con los agentes sociales. IU quiere que se potencie el contrato indefinido, penalizar el temporal, eliminar el despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción y suprimir las empresas de trabajo temporal. En materia de pensiones, esta formación ratifica su propuesta para que no se eleve ni la edad legal de jubilación ni el periodo de cálculo de las pensiones, si bien se puede flexibilice de forma voluntaria e incentivada en determinadas actividades profesionales y siempre que el trabajador no tenga cubierto el periodo de cotizaciones de 35 años. Como alternativas para garantizar la sostenibilidad del sistema se propone suprimir el tope máximo de las cotizaciones a la Seguridad Social, lo que no implicaría un aumento de la pensión máxima, o transformar las becas en contratos con las correspondientes cotizaciones y derechos. En su valoración de cómo ha empezado este proceso negociador, Cayo Lara señaló que “se nos puede perdonar que no tengamos un programa definitivo de Estado siendo una formación modesta, pero al Partido Popular sí se le debe exigir, y lo que conocemos son cuatro simplezas y propuestas que van en dirección contrata a la salida de la crisis”. Para Lara, “queremos demostrar que existe una salida social a la crisis en vez de aplicar recortes a los derechos. Para ello esperamos que también triunfe el ala izquierda del Gobierno”, para lo que el posible acuerdo debería discurrir hacia las propuestas planteadas. “Nosotros hacemos una aportación para que no sean más ricos lo que son tan ricos, para que se acabe con la especulación, para que la Banca no nos restriegue 16.000 millones de euros de beneficio en un tiempo de crisis como el que vivimos, cuando hay gente que pasa hambre y tiene que acudir a los comedores sociales”, resumió Cayo Lara.
CLICK para ver las 100 medidas.

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