martes, 9 de marzo de 2010

José Antonio García Rubio responsable de economía y trabajo de IU valora que “el plan contra el fraude fiscal presentado por el Gobierno está vacío”

El responsable de Economía y Trabajo de IU considera que “marcarse como meta mejorar la recaudación en sólo 1.000 millones de euros anuales es un magro objetivo, si se compara con la envergadura que tienen la economía sumergida y el fraude”.

“El Plan contra el fraude fiscal presentado hoy por la vicepresidenta económica tras ser aprobado por el Consejo de Ministros es un cascarón mediático, sin nada sustancial dentro, está huero”, según valora el responsable de Economía y Trabajo de Izquierda Unida, José Antonio García Rubio.
El dirigente federal de IU señala que “el Gobierno ha decidido sacar todo lo relativo a esta cuestión -que estaba incluida en el guión de tres páginas enviado inicialmente a las formaciones políticas-, de las negociaciones con todos los interlocutores para tomar medidas anticrisis y gestionarlo directamente tras llevarlo en forma de Plan al Consejo de Ministros. Tras anunciar hoy que lo llevará al Parlamento, le exigimos al Ejecutivo que lo haga sin dilación para poder presentarles las muchas enmiendas que a buen seguro necesita”. Para García Rubio, “el Gobierno se plantea un objetivo –medido en resultados- de mejorar la recaudación en sólo 1.000 millones de euros anuales. Consideramos que es un magro objetivo, si se compara con la envergadura que tienen en nuestro país la economía sumergida y el fraude fiscal, y que sólo pone en evidencia el escaso interés del Ejecutivo socialista en esta cuestión”. “Ese escaso interés sorprende cuando se habla de un nuevo modelo productivo y de la competencia de nuestra economía. ¿Puede haber un nuevo modelo productivo moderno y eficiente con cerca de un 23% de economía sumergida? ¿No es el fraude fiscal, además de injusto, una forma fortísima de competencia desleal con las empresas y los ciudadanos que cumplen sus obligaciones fiscales?”, se pregunta el responsable económico de IU. En su opinión, “nos resulta muy preocupante esa falta de interés, como pudimos comprobar en la entrevista mantenida ayer con la comisión negociadora del Gobierno. Se limitan a considerar que el fraude en la construcción está ya controlado, lo que no es cierto, y que las grandes empresas cuentan con un sistema, que podemos considerar de ‘cogestión’ con la Agencia Tributaria, que valoran como eficiente. Pero en ningún momento explican que la acción inspectora se centra -debido a la estructura de la Agencia Tributaria y las competencias de sus funcionarios-, en las rentas del trabajo, la pequeña empresa y los autónomos, y en esa ‘cogestión’ con las grandes empresas. En consecuencia, quedan amplios ámbitos de la tributación con un seguimiento muy débil”. José Antonio García Rubio señala que “las organizaciones de técnicos del Ministerio de Hacienda han denunciado en numerosas ocasiones que los métodos de trabajo impuesto a la Agencia Tributaria llevan a primar el número de liquidaciones paralelas, es decir, la cantidad sobre la calidad del fraude. Como consecuencia, apenas se ingresa el 13% del fraude detectado, hay que anular el 20% y están por cobrar deudas tributarias por importe de 37.000 millones de euros”. “La realidad es que hay que enfrentarse a la suma de unos 230.000 millones de euros en economía sumergida y un volumen de fraude y de ineficiencia muy considerable, frente al que el Gobierno sólo opone su ‘voluntad’ de recuperar 1.000 millones de euros. Todo ello, en el contexto de un déficit del 11,4 del PIB. A mi juicio, sobran comentarios”, concluye García Rubio.

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