miércoles, 26 de mayo de 2010

IU advierte que “el Gobierno hace que paguen justos por pecadores al no distinguir entre ayuntamientos y prohibirles a todos pedir créditos”

 Eberhard Grosske, responsable federal de Política Municipal, señala que “la medida incluida por el Ejecutivo en la ‘letra pequeña’ del paquete de recorte del gasto puede acabar afectando de forma significativa a las partidas sociales”.

El responsable de Política Municipal de Izquierda Unida, Eberhard Grosske, ha advertido hoy de que “con la prohibición a los ayuntamientos para contratar créditos, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero va a hacer que paguen justos por pecadores al hacer tabla rasa con todas las corporaciones municipales sin pararse a distinguir entre las que se han sobreendeudado de manera temeraria y aquellas que han sido prudentes a la hora del gasto”.

Grosske considera que pese a la rectificación realizada hoy por el Ejecutivo en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para que la medida que impide a los ayuntamientos solicitar créditos ni préstamos financieros entre en vigor el 1 de enero de 2011 “el problema va a seguir ahí y sólo se consigue aplazarlo. Estamos ante otro ejemplo más de la improvisación de la política económica del Gobierno y de su falta de diálogo. No es de recibo que la inmensa mayoría de alcaldes, incluidos los socialistas, se enterasen ayer de la ‘letra pequeña’ que contenía el real decreto aprobado la semana pasada y que no se les hubiera consultado ni informado previamente”

Para el dirigente federal de IU y concejal de Bienestar Social y Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Palma de Mallorca, “Rodríguez Zapatero se muestra especialmente duro precisamente con una administraciones como las locales que no tienen prácticamente capacidad impositiva, salvo sobre los bienes inmuebles o los vehículos, además de las tasas, y tienen mucha más dificultad para equilibrar sus ingresos que, por ejemplo, las comunidades autónomas”.

Además, Eberhard Grosske advierte sobre el peligro de que esta medida “pueda acabar afectando de forma significativa a las partidas sociales. Puede haber municipios que pese a haber realizado una prudente política de gasto en los últimos años se hayan visto también afectados por la crisis y, al recibir este nuevo golpe del Gobierno, tengan que retrasen inversiones en equipamientos sociales o no puedan ejecutar programas de atención a los ciudadanos”.

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